El pasado 22 de diciembre, en Mézk, Chiapas, o se produjo una brutal carnicería por parte de grupos paramilitares vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que asombró a la opinión pública.
Los asesinatos se produjeron en el municipio de San Pedro Chena, en la localidad de Acteal, perteneciente a la región de Chiapas, una de las más pobres de México, llegando a contabilizarse 45 muertos (36 de ellos mujeres y niños). Según el testimonio de algunos heridos en el momento de comenzar la agresión unas 325 personas rezaban fuera de la ermita, esperando que con sus oraciones se frenara la violencia dominante en el lugar.
Los grupos paramilitares abrieron fuego a discreción abatiendo a algunos indígenas . La mayoría huyó entre los matorrales, otros se escondieron en una cueva distante 300 metros, hasta la cual llegaron los encapuchados que dispararon hasta matar a todos los indígenas salvo a dos, que se escondieron entre los cadáveres.
La matanza duró seis horas y muchos heridos fueron rematados a golpe de machete.
Este hecho pone de manifiesto la tensa situación que vive México, y en especial la región de Chiapas, desde que en enero de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), guerrilla formada en su mayoría por indígenas, se levantara en armas.
Durante estos cuatro años todos los intentos de diálogo han sido inútiles. Las reivindicaciones del EZLN, que se basan en la mejora de vida del pueblo indígena y de los mexicanos en general, no han sido escuchadas por el gobierno de Ernesto Zedillo, gobierno que valiéndose de la fuerza del ejército y de la policía reprime cualquier intento de protesta, circunstancia que obligó a los zapatistas a levantarse en armas.
Un estudio realizado por la comisión gubernamental de Derechos Humanos recoge con detalles la matanza de Actea y señala que fue un plan preconcebido, ya que sabían que la población se encontraba desprotegida y las fuerzas policiales ausentes. También se ha descubierto que las fuerzas de seguridad de Chiapas advertidas de la masacre, recibieron órdenes de no intervenir y después de los asesinatos protegieron a los asesinos y facilitaron su huida.
La comisión indica también que los cuerpos de los indígenas fueron apilados como sacos, sin ningún respeto. Estos asesinatos podían haberse evitado de haber actuado las fuerzas policiales; este aspecto puede dar lugar a pensar que el gobierno de Zedillo pretende acabar con los guerrilleros a través de las matanzas de indígenas que apoyan a los zapatistas.
Esta situación debe ser contemplada por el mundo entero y el resto de países debe tomar cartas en el asunto para encaminar a México hacia el diálogo en busca de la paz.
Además se deberían investigar las actuaciones del gobierno y su relación con grupos paramilitares con el objetivo de impedir nuevas matanzas de inocentes.
Esta carnicería sólo ha sido el aviso de la difícil situación política y social que se vive en México, y que de no cambiar desencadenaría nuevos conflictos tales como éste.