La Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar en los centros educativos de Cantabria ya es una realidad desde el martes 17 de noviembre, un día después de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Se trata de la primera norma de Cantabria que reconoce la autoridad pública del profesorado, refuerza su protección jurídica y psicológica y aborda específicamente con rango legal el acoso y el ciberacoso escolar.
La Ley de Autoridad Docente incluye dos títulos: uno referido a la autoridad del profesorado, en el que se reconoce explícitamente su condición de autoridad pública, incorporando un artículo específico de apoyo y reconocimiento a su labor, con medidas como el fomento de la formación; el respaldo psicológico ante situaciones de conflicto o la presunción de veracidad de su trabajo y declaraciones en el ejercicio de sus funciones; y un segundo título, dedicado a la convivencia en centros educativos, que establece el marco general de la convivencia, fijando las medidas educativas generales a aplicar para restaurar la convivencia y en el que se incluye un artículo específico sobre el acoso escolar que, según el consejero de Educación, Sergio Silva, «pivota sobre la víctima para salvaguardar su integridad y dignidad personal».
La Ley «viene a dignificar la tarea docente y consolidar un marco general de convivencia, y que busca una educación en la convivencia, no tanto desde una perspectiva sancionadora cuando esa convivencia se quiebra, sino desde la búsqueda de una convivencia que debe trabajarse desde la prevención», aseguró Silva en la presentación del anteproyecto.
Así es la nueva Ley Docente
La ley fue aprobada el 26 de octubre por el Parlamento de Cantabria con los votos a favor del PP y Vox y el rechazo del PRC y del PSOE. Elaborada por el Ejecutivo autonómico (PP), salió adelante tras la incorporación de 19 enmiendas parciales presentadas por PP (4) y Vox (10), cinco de ellas de forma conjunta; y el rechazo de las registradas por el PRC (34), el PSOE (8) y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio.
La ley se estructura en tres títulos (preliminar, I y II) y 20 artículos:
- El TÍTULO PRELIMINAR establece las disposiciones generales, definiendo el objeto, el ámbito de aplicación y los principios inspiradores.
Esta ley reconoce la doble dimensión de la autoridad del profesorado, vinculada al ejercicio
responsable de la función docente. Una vertiente fundamentada en su prestigio y conocimiento,
y otra otorgada por el ordenamiento jurídico, garante de la convivencia y del derecho a la
educación. Ambas son esenciales para asegurar un entorno escolar seguro y respetuoso.La Comunidad Autónoma de Cantabria persigue a través de esta ley conseguir un clima de
convivencia positiva en el que se dignifique la profesión docente. Con este fin, se establece un
modelo de convivencia basado en un enfoque educativo, en el que el profesorado desempeña un
papel esencial como referente, garante y promotor de la convivencia. Este modelo se sustenta
en un marcado carácter educativo y recuperador, garantizando el respeto a los derechos del
resto del alumnado y procurando la mejora en las relaciones de todos los miembros de la
comunidad educativa.
- El TÍTULO I regula la autoridad del profesorado. Reconoce el docente como autoridad pública durante el ejercicio docente, con presunción de veracidad de sus informes, derechos, medidas de apoyo y asistencia jurídica y psicológica gratuita.
Capítulo I: reconoce los derechos del profesorado en el ejercicio de su función docente.
El profesorado, en el ejercicio de su función docente, gozará de los siguientes derechos:
a) Al respeto y la consideración debidos por parte del alumnado, de sus familias y de los demás miembros de la comunidad educativa.
b) A desempeñar su labor docente en un clima de orden y respeto a sus derechos y a su dignidad e integridad física y moral.
c) A tomar, en el ámbito de sus competencias, decisiones ágiles, proporcionadas y eficaces, de acuerdo con las normas de convivencia del centro, que permitan mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje.
d) A solicitar la colaboración de las familias y demás miembros de la comunidad educativa en el cumplimiento de las normas de convivencia.
e) A ser apoyado por la Administración educativa, que procurará que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto que le corresponden, conforme a la importancia social de la labor que desempeña.
f) A ejercer sus funciones docentes con autonomía pedagógica y con la capacidad de actuación necesaria para prevenir, detectar y corregir las conductas que alteren la convivencia, de conformidad con la normativa vigente.
Capítulo II: se centra en la protección jurídica y el establecimiento de medidas de apoyo del profesorado.
El profesorado y los miembros del equipo directivo tendrán la consideración de autoridad pública, vinculada al ejercicio responsable de sus funciones. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados personalmente por el profesorado, en el desempeño de sus funciones, gozarán de presunción de veracidad «iuris tantum» cuando se formalicen documentalmente en el curso de los procedimientos instruidos en relación con las conductas que incumplan las normas de convivencia, sin perjuicio de las pruebas que el alumnado o los padres o representantes legales puedan aportar en defensa de sus derechos e intereses.
Los padres o representantes legales deberán respetar y fomentar el respeto de las normas establecidas por el centro y las indicaciones educativas del profesorado.
Medidas de apoyo y reconocimiento:
a) Reconocer la labor del profesorado.
b) Regular protocolos de convivencia ante indicios de cualquier modalidad de acoso y/o violencia en el ámbito educativo.
c) Promover el bienestar, la cultura de la prevención y la resolución constructiva de conflictos.
d) Promover la asistencia jurídica y psicológica al profesorado ante las situaciones de conflicto.
e) Reconocer la experiencia y el esfuerzo del profesorado.
f) Fomentar una formación de calidad del profesorado como instrumento esencial para la igualdad de oportunidades.
g) Promover una carrera docente de calidad.
h) Garantizar el derecho del profesorado y los miembros del equipo directivo a la desconexión digital.
- El TÍTULO II regula la convivencia en los centros educativos. Define conductas contrarias a la convivencia, incluye acoso escolar, establece medidas correctoras, responsables y reparación de daños.
Capítulo I: disposiciones generales.
Los centros educativos elaborarán un plan de convivencia que se incorporará al proyecto educativo del centro, con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y deberes del alumnado, las medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la normativa vigente y la resolución pacífica de conflictos.
Capítulo II: conductas contrarias a las normas de convivencia.
Se tipifican en:
a) Conductas perjudiciales para la convivencia (actos de desconsideración a la comunidad educativa, no realizar actividades educativas, malas conductas, faltas injustificadas, sustracción de pertenencias, daños en instalaciones/materiales, creación/manipulación/publicación contenidos digitales comunidad educativa…)
b) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia (agresión física o acoso, indisciplina/amenazas/coacciones, obtención/publicación de datos personales…)
Capítulo III: medidas a adoptar ante dichas conductas.
La ley concluye con cinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
Más información:
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